Por Marcelo García
El jueves arrancó con la bronca popular reconvertida en movilización. Miles de chubutenses se autoconvocaron para protagonizar una tarde histórica donde se produjeron múltiples marchas y vigilias en ciudades y pueblos de la provincia.
Los manifestantes repudiaron de manera pacífica la zonificación que habilitó la megaminería, pero en Rawson las cosas fueron distintas.
De golpe y sin que nadie lo previera comenzaron los incendios en la Casa de Gobierno, desatando una enorme represión. ¿El caos pudo haber sido provocado intencionalmente? Hasta esta madrugada circulaba la versión de que se decretaría un presunto «estado de sitio» en Chubut.
Durante toda la tarde del jueves la manifestación pacífica en Rawson contra la zonificación minera se desbordó cuando se desató el incendió en varias dependencias de la Casa de Gobierno y en las oficinas del Superior Tribunal de Justicia.
Los incidentes desataron, otra vez, una violenta represión policial. Rawson se transformó en un campo de batalla donde la policía tiraba con balas de goma y gases lacrimógenos. Los manifestantes respondían con piedras y barricadas de fuego para evitar el avance de las fuerzas de seguridad.
Desde que arrancó el fuego comenzaron a verse imágenes que generaron fuertes dudas sobre el inicio de los incidentes. Mientras que en la noche anterior la Legislatura había sido custodiada por más de 200 policías, el jueves la Casa de Gobierno estaba casi en soledad y sólo quedaban algunos vallados que fueron tirados. Parecía zona liberada.
Los manifestantes denunciaron que en el inicio de los incidentes se observó a efectivos policiales actuar en los tumultos, inclusive existe una imagen que muestra el supuesto inicio del incendio de Fontana 50. Esa toma genera muchas dudas.
Se ve a un supuesto manifestante prendiendo el fuego y, desde el interior, alguien lo fotografía con excesiva calma, exactitud y tranquilidad. Además, no faltaron las denuncias en las que quienes protestaban acusaban a los policías de tirarles piedras para provocarlos en su reacción.
La Casa de Gobierno curiosamente estaba muy poco custodiada justamente cuando se preanunciaba la llegada de una multitud que se iba a manifestar en estado de revuelta social. El día anterior la Infantería salió a «cazar» en camionetas a todos los que circulaban por Rawson, pero curiosamente en la noche del jueves la capital provincial parecía una zona liberada hasta que se desatara el caos que justificaba la represión.
Lo sucedido con los incendios tiene cuanto menos un relevante margen de duda. Se hace evidente la estrategia política de victimizar a los victimarios, mucho más cuando durante toda la noche y la madrugada se largó a circular la versión de que Chubut iba a ser declarada en «estado de sitio» como producto del caos imperante en Rawson. En paralelo, otra nueva «cacería» de manifestantes se desarrollaba en la capital.
En una provincia que tiene alrededor de 600 mil habitantes, entre 20 y 30 mil manifestantes salieron ayer a las calles a repudiar la zonificación minera. Con los incendios se vuelve demonizar a los que protestaron, mientras las víctimas pasaron a ser victimarios en la prensa más cercana al gobierno. De ese modo se instaló mediáticamente que los «violentos» no aceptan la democracia en la que los diputados aprueban una ley ampliamente repudiada, lo que justificaría de hecho una respuesta violenta del Estado no ajustada a derecho.
La ausencia pública de los funcionarios provinciales también se transformó en un accionar cuanto menos llamativo. En lugar de salir a «pacificar» a los supuestos exaltados y dar marcha atrás con lo que claramente es repudiado por una amplísima parte del pueblo chubutense, el gobernador y sus funcionarios guardaron un silencio que parecía potenciar todavía más la bronca y el caos de una sociedad marcada por la ira, el descreimiento y la instintiva prédica de «que se vayan todos».
También llamó especialmente la atención la ausencia del Gobierno nacional y los funcionarios del Frente de Todos, que lanzó la piedra y escondió la mano. Si bien el presidente Alberto Fernández y el mundo K son grandes impulsores de la minería en todo el país, desoír el clamor popular bajo todas sus formas sin buscar un paraguas de diálogo parece no ser un mecanismo válido para un peronismo que se jacta de representar la voluntad del pueblo.
Ahora la «violencia política» que rompió el contrato social, prometiendo una cosa en campaña y haciendo otra en el ejercicio del poder, y que desoyó la voz del pueblo se retransformó en «violencia social» para demonizar a los que rechazan a la minería y defienden el agua. Cuando la violencia desde arriba, desde los máximos niveles del Estado, ¿es posible considerar legítima la revuelta popular ante el abuso y la vulneración?
Nada hace pensar que las últimas dos jornadas de furia y descontrol vividas en Chubut hayan sido el final de un proceso que no se sabe dónde va a terminar. La bronca y la indignación están a flor de piel, el poder político y la clase dirigente tienen la responsabilidad de resolver un caos que ellos mismos generaron con la zonificación minera.
Fuente: El Extremo Sur