Por Christian Masello

Ante la propuesta de sentarse a conversar acerca del juicio que se viene por la muerte de Rafael Nahuel, que comenzará el 14 de agosto en General Roca, el letrado y exjuez Rubén Marigo, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), evocó lo que sucedió el 25 de noviembre de 2017 y los días que siguieron, a la vez que adelantó cómo se planteará la causa.

“Acá hubo un asesinato de un joven mapuche del barrio Alto, efectuado por la fuerza de seguridad hace ya más de cinco años, en un procedimiento de desalojo”, señaló el abogado, quien, tras jubilarse en abril como juez, pasó a representar a los padres de Rafael Nahuel en el caso, como parte de la regional Bariloche de la APDH, entidad que, desde un primer momento, acompañó a la familia de la víctima.

Además de los padres del joven fallecido (Rafael tenía veintidós años cuando murió), la APDH nacional y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también son querellantes.

Marigo, en una conversación en un café de Bariloche, volvió verbalmente a noviembre de 2017 y resaltó que, en aquel momento, “la fuerza de seguridad debía solo proteger el perímetro del territorio, conforme había ordenado el doctor Gustavo Villanueva, que era el juez”.

“Pero penetraron en el lugar y persiguieron a la gente por más de un kilómetro”, continuó el letrado, quien además de pertenecer a la regional local de la APDH integra la mesa directiva de la entidad a nivel nacional.

A la vez, Marigo calificó a la agrupación Albatros, de Prefectura Nacional, que actuó en aquel operativo, como “un grupo especial totalmente inadecuado para realizar un desalojo”.

De esa manera, consideró: “Por algo aquello culminó con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel”.

“En la inspección ocular efectuada días después, se encontraron más de ciento cuarenta cartuchos de armas de guerra que habían sido empuñadas por estas fuerzas represivas que representaban al Estado nacional y seguían directivas, para mí, claramente, de Patricia Bullrich (en ese entonces, ministra de Seguridad)”, sostuvo.

Y, más allá de la carátula que se esgrime, que habla de homicidio por exceso en la legítima defensa, Marigo afirmó que “fue un crimen doblemente agravado, no solo por el número, sino por el uso de armas de guerra, donde quienes lo llevaron a cabo eran funcionarios del Estado, además de que se trató de una clara violación de derechos humanos”.

El abogado se mostró molesto ante la decisión que tomó la Justicia acerca de que el juicio se lleve a cabo en General Roca.

“Los padres de Rafael Nahuel no están en condiciones de trasladarse”, afirmó, para luego indicar: “Ellos, que son las víctimas, tienen garantizado, en el derecho nacional e internacional, el acceso a la Justicia, y esto de impedirles estar en el juicio es una forma de violarlo”.

“Nos parece que es una inequidad, cuando el juicio de Facundo Jones Huala se hizo acá sin ningún problema”, aseveró el abogado, en referencia a la instancia judicial donde se definió la extradición del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche a Chile en 2018, que se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal N° 3.

“Aquella vez el mismo juez Villanueva eligió el lugar, y no veo una razón por la que no se pueda hacer lo mismo en este caso”, definió.

–¿A qué cree que se debe que hayan decidido hacer el juicio en Roca?

–Me parece que es una resolución política.

–¿Cómo están los padres de Rafel Nahuel?

–Muy mal. No entienden por qué los asesinos están sueltos. Acá hay una doble vara: las cuatro mapuches que se encuentran detenidas (en referencia a las integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu con prisión preventiva domiciliaria por la causa de usurpación en Villa Mascardi) lo están por una discusión por un pedazo de tierra, una cuestión evidentemente civil, mientras que quienes mataron a Rafa Nahuel, en un asesinato doblemente agravado, como se trataba de un mapuche y un chico del barrio Alto, están libres.

–Los padres del joven muerto viven en condiciones precarias…

–Totalmente.

–Cuando vinieron a Bariloche, en diciembre de 2020, las entonces ministras de Seguridad y de Justicia, Sabina Frederic y Marcela Losado, junto al secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, fueron al lugar donde viven…

–Sí, los llevé yo.

–En aquel momento, aquellos funcionarios dijeron que les iban a brindar ayuda. ¿Lo hicieron?

–Sí. Pudimos ampliar un poco la vivienda, para que sea más digna y cuenten con lugar para los tres, es decir, los padres de Rafael y uno de sus hermanos. En este momento tienen algunas limitaciones con respecto al gas, que no llega a la casa, pero estamos tratando de que, antes del invierno, el problema se solucione. Igualmente, en general, las condiciones siguen siendo precarias: no cuentan con Internet, no poseen computadora y no podrán acceder a un medio audiovisual para estar en el juicio.

–¿Cuándo los conoció?

–Aquel 25 de noviembre de 2017, a las diez u once de la noche, después de estar tres horas para llegar a Mascardi, por el corte de ruta que había con Gendarmería, logramos que se pudiera llevar el cuerpo de Rafael, y a las cinco de la mañana, en el Juzgado Federal, tuve la primera entrevista con los padres, junto con María Nahuel (tía de Rafael) y Natalia Araya, que era la colega que estaba trabajando en ese momento, porque yo, ahí, fui como presidente de la APDH, para que nos recibieran. Esa vez se logró que la autopsia se hiciera acá y no en Buenos Aires, por eso se realizó rápido. Una vez que se llevó a cabo, les entregaron el cuerpo para que lo pudieran velar. También se logró una mesa de diálogo, para que, al día siguiente, no se continuara con el aparato represivo, así que la intervención fue importante. A partir de ahí, siempre estuvimos en contacto con los padres.

–¿Cómo ha sido el vínculo con ellos a través de los años?

–Bueno, pero contradictorio, en el sentido de que es muy difícil explicarles las demoras… 

–¿Cómo se puede entender lo que sucedió con las pericias, que llegaron a resultados distintos? (La primera apuntó a que el disparo letal salió del subfusil asignado al prefecto Francisco Javier Pintos; la segunda dijo que no fue así; una tercera señaló que el arma involucrada era la de Sergio Cavia.)

–Los peritos lo van a tener que explicar en el juicio. La primera pericia, hecha de oficio, fue terminante; nadie la impugnó, salvo el juez… Igualmente, sea quien sea, la bala que mató a Rafael Nahuel por la espalda salió del arma de un prefecto del grupo Albatros. Eso es indiscutible.

–Entonces, no se sabe de qué arma fue, pero sí que el disparo salió de alguno de los prefectos…

–Nosotros tenemos en claro cuál fue, pero lo vamos a sostener en el juicio. Siempre, en este tipo de cuestiones de violencia institucional, se suele salir con una defensa que señala que no se sabe de quién se trató para conseguir una pena menor.

–Para usted, el autor del disparo fue Pintos, ¿verdad?

–Exacto… Independientemente de esto, creo que lo importante será que declaren quienes estuvieron en aquel momento, que se vea la reconstrucción, porque va a ser la única forma de saber la verdad.

–Los prefectos involucrados son…

–Por lo menos, cinco (además de Cavia y Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García).

–¿Pueden surgir más nombres?

–Sí.

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