«Me dan ganas de cerrarte la boca con una trompada”, le dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro a un periodista luego de que le realizara una pregunta sobre su esposa. Después de la amenaza continuó caminando hacia la Catedral ubicada en el centro de Brasilia y dejó sin responder la pregunta.
La Federación Nacional de Periodistas repudió esa actitud «lamentable (que afecta) la libertad de prensa) mientras la Orden de Abogados de Brasil sostuvo que ese comportamiento revela el «perfil autoritario» del personaje. El clima de intimidación contra los trabajadores de prensa se ha agravado desde los meses previos de la llegada de Bolsonaro al poder ocurrida en enero de 2019.
A fines de 2018 grupos probablemente ligados al entonces presidente electo amenazaron a la periodista Patricia Campos Mello, autora de una investigación sobre el dispositivo de fake news montado durante la campaña repitiendo el modelo implementado por Donald Trump en Estados Unidos bajo la responsabilidad de Steve Bannon. Inspirador del movimiento neofascista global y de las estrategias electorales sucias, Bannon ya era asesor informal de Bolsonaro desde agosto de 2018. Ad honorem, según las partes. La periodista Campos Mello cuenta las intimidaciones de que fue víctima, incluso el seguimiento a sus familiares por parte de presuntos bolsonaristas, en su reciente libro La Máquina del Odio.
Una vez en el gobierno Bolsonaro comenzó a insultar con frecuencia a los reporteros apostados frente a la residencia oficial, el Palacio de Alvorada: a un profesional que le hizo una pregunta inoportuna le dijo que tenía aspecto de homosexual, en otra ocasión amenazó arrojar una banana a los movileros y habitualmente instigaba a sus seguidores a que intimiden a los cronistas. Finalmente, la prensa abandonó la guardia frente al palacio por falta de seguridad.
En julio del año pasado, cuando aún era ministro de Justicia Sergio Moro, fue publicada una resolución que permitía la deportación sumaria del periodista de investigación norteamericano, Glenn Greenwald, cuya familia también fue asediada. En los últimos meses columnistas que firmaron artículos críticos contra el régimen fueron amenazados de ser encuadrados en la ley de Seguridad Nacional heredada de la dictadura.
La semana pasada la Corte ordenó al gobierno que desactive el espionaje realizado contra ciudadanos sospechados de ser «antifascistas», entre quienes había algunos profesionales de prensa. Varios de estos temas llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinculada a la OEA.
Ahora bien, la exaltación del presidente ocurrida este domingo (agravada con la amenaza de trompada) se explica no sólo por su fobia ante el gremio, sino por su falta de explicaciones sobre el dinero que el ex militar Fabrizio Queiroz depositó a nombre de Michelle Bolsonaro.
Queiroz es un personaje vinculado a las «milicias» parapoliciales que está en prisión domiciliaria imputado por integrar una asociación ilícita y haber lavado dinero procedente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro donde sirvió al clan bolsonarista.
El Ministerio Público denunció que Queiroz se quedaba con dinero de los empleados del entonces diputado estadual, Flavio Bolsonaro, y lo reciclaba a la familia. Al levantarse el secreto bancario del imputado fueron descubiertas decenas de transfererencias de dinero sucio destinada a los bolsonaro, buen número de las cuales beneficiaron a Michelle Bolsonaro, que llamativamente aún no fue citada por ningún juez.
Los hijos presidenciales también se sobresaltan cuando se los consulta sobre ese flujo cuantioso de plata que tendría como origen la asociación con las «milicias» parapoliciales cariocas, que además de contar un apreciable poder de fuego han conquistado influencia y recursos. Ese empoderamiento tuvo un envión desde la toma de posesión del actual presidente. Transcurrido un año y ocho meses de gobierno, Bolsonaro archivó el discurso anticorrupción invocado durante la campaña para ocuparse de garantizar la impunidad de su prole.
Conforme la prensa va armando el rompecabezas, se comienza a descubrir lo que sería el método: utilizar del poder público para obtener dinero o valerse de las influencias para hacer negocios. Durante casi tres décadas que fue diputado federal, así habría operado Jair Bolsonaro y sus hijos. Hasta 2018 en la nómina de empleados del Jair Bolsonaro figuraba una hija del controvertido Queiroz que cobraba como funcionaria parlamentaria en Brasilia donde nunca se la vio.
La anterior esposa del gobernante, Ana Cristina Siqueira Valle, compró 14 departamentos y terrenos, en algunos casos con dinero al contado. Igual forma de pago empleada por Flavio Bolsonaro para la adquisición de inmuebles comerciales en Rio. La fiscalía también está sobre los pasos de Flavio que goza de foro privilegiado por ser senador dese 2019.